La Administración electrónica, como parte del mundo digital tiene sus propios riesgos, los llamados riesgos cibernéticos.
De forma habitual, en nuestro mundo digital personal, las amenazas vienen de no saber, quién es quién, la identidad de la persona estamos chateando, o intercambiando fotos y memes, o recibiendo correos electrónicos, o comprando un objeto de 2ª mano, etc., algo que, por desgracia, en multitud de ocasiones, se convierte en misión imposible.
En nuestro puesto de trabajo digital, los riesgos son de gran escala, tanto en cuenta los delincuentes son conscientes de la importancia que tiene la Administración electrónica para la prestación de servicios, en muchos casos esenciales, y donde un ataque a los sistemas públicos puede generar un grave daño a la Administración y por extensión a los ciudadanos a los que se prestan servicios y la información que sobre ellos se manejan. Un objetivo de los ciberdelincuentes son una cada vez mayor número de entidades públicas y privadas, a sus cadenas de suministro, a los ciudadanos y, por ende, a la ciberseguridad nacional, lo que compromete el normal desenvolvimiento social y económico del país y el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. A su vez debemos de ser consciente que los datos personales son un Derecho Fundamental de las personas que parte del artículo 18.4 de la CE donde se establece “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.
Este derecho significa un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. El tratamiento de datos personales debe de estar concebido para servir a la humanidad y a los propios individuos, no es un derecho absoluto, independientemente que el Estado, las Administraciones tienen el derecho (en aplicación de normas) a conocer datos personales, debe de existir un equilibrio y respeto a ese derecho fundamental que son los datos personales.
